PIRATAS DEL PARO

El gobierno trata de atajar el fraude en el cobro de las prestaciones por desempleo, cifrado en unos 1.500 millones de euros al año. Para ello, envió el pasado verano a las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE)–el antiguo INEM– una circular interna –a la que ha tenido acceso Interviú–, en la que reconoce que “se ha detectado un importante incremento del fraude organizado” y ordena a los funcionarios que remitan la documentación de los demandantes extranjeros sospechosa de estar falsificada a la Policía, concretamente a la Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsificaciones documentales (UCRIF).

Desde que comenzó la crisis en España, en verano de 2007, entre 4.000 y 5.000 millones de euros se han perdido por culpa del fraude y de cobros indebidos de subsidios y otras ayudas destinadas al colectivo de parados, según calcula el sindicato CIS-CSIF. Uno de sus portavoces explica a Interviú que “muchos extranjeros en paro en España regresan a sus países a trabajar, pero siguen percibiendo la prestación de España porque pueden sellar el paro a través de internet, algo permitido por muchas comunidades autónomas”.

La falsificación de documentos es la forma de fraude más extendida, según señalan fuentes del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Por ello, en su circular del pasado verano, el gobierno insta a los funcionarios a exigir a los parados extranjeros pertenecientes a la Unión Europea el pasaporte o el documento de identidad de su país junto con el NIE (Número de Identificación de Extranjeros), que no incluye fotografía y era el único documento que hasta entonces se les exigía. “Es más difícil falsificar dos que sólo un documento –alega un funcionario del SPEE–. Se trata de ponérselo más difícil a los defraudadores. Según este veterano funcionario, que trabaja en una capital andaluza, el fraude se está especializando y masificando, “ya no son sólo mafias, la picaresca es la norma. El que puede, lo intenta. Cuatro de cada diez demandantes de subsidios de desempleo no tendrían que cobrarlo, pero lo cobran, porque los funcionarios no tenemos manera de comprobar la autenticidad de su documentación”. Otro trabajador del antiguo INEM relata algunos de los timos que la administración no puede advertir. “Muchas parejas extranjeras se `olvidan´ de que están casadas, y así trampean los ingresos al hacerse pasar ellas por madres solteras. No podemos saber si están casadas o no, si ellas no presentan su libro de familia de su país, algo que no es obligatorio en España. De esta manera logran cobrar más tiempo el subsidio”. La legislación española tiene en cuenta la existencia de hijos menores dependientes del parado aunque éstos no convivan con él. “Ahí entran en juego los consulados y embajadas. Y son muchos los certificados de consulados que vemos –explica el mismo funcionario– de los que dudamos a primera vista. Pasa con muchos de los países africanos, que certifican que el demandante de subsidio en cuestión tiene tres hijos menores a su cargo en su país de origen”.

Fuente: Interviú